Así afecta la Ley Mordaza a tu libertad de expresión

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La libertad de de información es uno de los pilares básicos del estado de derecho. Mientras la mayor parte de países occidentales avanza hacia legislaciones cada vez más amplias que garantizan el trabajo de los periodistas, España se encuentra estancada. El motivo es la conocida como “ Ley Mordaza ”. A continuación, conocerás qué ha supuesto en España la implantación de esta ley y, en particular, cómo ha afectado a nuestros compañeros de profesión.

España cuenta con una de las constituciones más avanzadas de toda Europa en lo que a libertades se refiere. En su artículo 20 se reconoce el derecho a la libertad de expresión, que se refiere a la libertad para comunicar pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. Además, se reconoce el derecho a la libertad de información, referido a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general.

Así afecta la Ley Mordaza a tu libertad de expresión (2)

Ley Mordaza vs Periodismo

Sin embargo, este derecho constitucional se ha visto cuestionado en numerosas ocasiones desde que entrara en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana en junio de 2015. Esta ley incluye 44 conductas, calificadas de muy graves, graves o leves, sancionadas con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros. Utilizar las redes sociales para iniciar una manifestación, ayudar a impedir un desahucio o la negativa a identificarse ante un agente de policía son algunas de ellas.

Pero en esta ocasión, nos centraremos en uno de los artículos recogidos en la apodada como Ley Mordaza que afectan directamente a los profesionales de la comunicación. Se trata del artículo 36.23 de la ley, en el que se establecen multas de 600 a 30.000 euros por “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto fundamental al derecho a la información”. Es decir, considera una falta grave el hecho de difundir imágenes o datos personales o profesionales de los agentes de Policía.

Este artículo choca de lleno con el derecho constitucional de la libertad de información y deja en una situación de indefensión a periodistas de todo el país, que se han visto detenidos mientras hacían su trabajo cubriendo manifestaciones, protestas y otro tipo de actos.

El caso de Axier López

Axier López, fue el primer periodista sancionado en España por incumplir el artículo 36.23 de la ley publicando imágenes de agentes de policía sin su permiso. Reportero y fotógrafo de la revista “Argia”, Axier acudió el día 3 de marzo de 2016 a Eibar a cubrir la detención de la activista Naroa Ariznabarreta. Subir las fotos de la detención a su cuenta de Twitter significó para este periodista una acusación de falta grave y una multa de 601 euros.

Pero el caso de Axier no quedó ahí. Desde el primer momento, Axier consideró que se estaba vulnerando su libertad de expresión y su derecho a la información y manifestó su negativa a hacer frente al pago de la multa. Con el apoyo jurídico de Argia y el arropo de periodistas de todo el país su caso se convirtió rápidamente en objeto de titulares y columnas de opinión, llegando incluso a la defensora del Pueblo, quien transmitió al Ministro del Interior sus serias dudas ante la posible inconstitucionalidad de la sanción.

Parece que todas estas muestras de apoyo ayudaron a que el pasado 3 de marzo el Ministerio del Interior anunciase la decisión de anular la sanción que se había impuesto al periodista. De este modo, Axier fue el primer castigado y el primero en vencer a la Ley Mordaza. Pero no todos han tenido la misma suerte.

El caso de Mercè Alcocer

La periodista de “Catalunya Ràdio” Mercè Alcocer también se ha visto afectada por la Ley de Seguridad Ciudadana mientras hacía su trabajo. En concreto, el pasado 20 de febrero, acudía a cubrir la declaración en la Audiencia Nacional del ex president de la Generalitat, Jordi Pujol y de su esposa, Marta Ferrusola. Al finalizar el juicio, trató de acercarse a Pujol, que salía escoltado por agentes de la Policía Nacional. El hecho de intentar acercarse al ex president cruzando el perímetro de seguridad que formaban los agentes, y su negativa a identificarse ante estos mientras hacía su trabajo supuso para esta periodista la misma sanción a la que se enfrentó Axier: una multa de 601 euros.

Trascendiendo fronteras

Lo cierto es que, desde su puesta en marcha, los datos asociados a la Ley Mordaza son escandalosos. En marzo del año pasado, menos de un año después de su creación, el Gobierno había tramitado más de 6.200 sanciones por “faltar el respeto a las fuerzas de seguridad”, convirtiéndose éste en el segundo motivo de sanción en España solo por detrás del consumo de drogas.

De hecho, algunas de las medidas previstas por la ley han traspasado las fronteras españolas, generando reacciones en países de todo el mundo. Es interesante destacar cómo organismos internacionales han advertido de las vulneraciones de derechos y libertades que supone la aplicación de la Ley. Así, el último informe elaborado por el International Press Institute (IPI), se refiere al artículo 36.23 de la ley como una “medida privatoria de libertad que supone un especial peligro para la libertad de expresión y prensa”. Otras instituciones, como La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), también se han referido a la ley como una amenaza al derecho a la información.

¿Hacia el fin de la ley?

Las presiones sociales también se han trasladado al parlamento. El pasado 21 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de las proposiciones del PSOE y del PNV para reformar los puntos más conflictivos de la ley. Aunque para muchos analistas estamos ante el “principio del fin de la ley”, se trata sólo de una modificación del texto, por lo que el camino a recorrer hasta su derogación se plantea largo y difícil.

Periodistas, twitteros, bloggeros, humoristas y un sinfín de perfiles sociales han visto mermadas sus libertades desde la entrada en vigor de la ley. Pero casos como el de Axier demuestran que, con perseverancia y firmeza, podremos reconquistar la libertad de información y de expresión.

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